Hace cerca de veinte años que estuve
viviendo en Pensilvania con una familia
durante más de un mes para practicar mi inglés. Conviví en todos los aspectos de la vida familiar con los padres de mi amigo; un matrimonio de
la tercera edad, él de origen alemán y ella de origen irlandés, quienes después
de comprobar mi estatus migratorio, se convirtieron el los mejores cicerones
que he tenido en Pittsburg, es decir,
quienes me mostraron los lugares y la vida cotidiana de la ciudad, sólo hasta
que vieron mi visa en mi pasaporte, porque
la idea de que su hijo hubiera llevado consigo
a un ilegal era incompatible con su
manera de ser.
Así, al siguiente domingo de mi llegada me vi
encaminado a asistir, acompañándolos a los servicios religiosos de una misa
católica. En el barrio de ellos, los
católicos son una minoría religiosa. Lo que me sorprendió es que a la salida
del evento el sacerdote estaba poniendo en manos, de quienes iban saliendo, varias
hojas mimeografiadas conteniendo números y letras, iguales a las que durante
una parte la misa el sacerdote, con voz pausada, había señalado algunos
renglones a los asistentes y una caja con notas: Era su informe periódico de finanzas para los
feligreses de esa parroquia; era un documento sencillo, en la parte superior
contenía fecha, concepto, entrada, salida, saldo. Cada miembro de esa comunidad
religiosa, en la serenidad de su hogar,
podía hacer las sumas y restas y revisar los saldos y la pertinencia de
los gastos. A la mejor, hubo malos manejos pero, los asistentes tuvieron una
rendición de cuentas con transparencia y
con la posibilidad de revisar los informes.
Cuando regresé a mi país, también asistí a
una misa, aquí en esta diócesis y el sacerdote en un momento del evento, leyó a
los feligreses de actividades y de gastos,
de entradas y de salidas pero, al
finalizar la misa, no entregó una hoja
con las cuentas para que los feligreses las pudieran revisar. Para mi, en el
primer caso, si hubo rendición de cuentas con transparencia pero, en el segundo se simuló una rendición de cuentas y
en la práctica hubo opacidad, a la mejor hubo buenos manejos pero, a mi ver, predominó a mi juicio una práctica
de sumisión-dominación; sin el informe escrito en papel, ninguno de los
asistentes pudo realizar las sumas y restas de manera simultánea a como el
sacerdote les iba leyendo las cantidades, mucho menos, los feligreses, tuvieron
la posibilidad de revisar la pertinencia
de los gastos. Qué suceda eso o menos o más en el espacio religioso de la vida
social podría explicarse por las sociedades en dónde se realizan esas prácticas.
No sé si en todo México pero, aquí en
Chihuahua el Estado en el área
educativa, a mi entender, alienta la reproducción de prácticas añejas, lo cual
es una de las tendencias ideológicas de los conservadores y el papel fundamental de la educación, según
ellos; en este campo de la vida social, el de la educación, el Estado por
alguna razón (seguramente ligada a los
intereses de quienes la administran) se niega y se resiste a impulsar la democracia como forma de vida y de
relación con y entre los ciudadanos. Así, las convocatorias públicas que
expiden los órganos e instituciones educativas
de Chihuahua para el ingreso al servicio educativo o para el ingreso a
planteles de educación superior, a mi
juicio, en términos generales, las
convocatorias representan un avance en contra de las prácticas abiertas de
discrecionalidad emparentadas con el autoritarismo, el cual tiene nexos con entender la función pública
como un coto de poder, tanto para otorgar plazas a profesores, como para conceder lugares o espacios en
universidades, no a quienes satisfacen requisitos, sino conforme a los
deseos de funcionarios o servidores públicos.
Ahora, podemos constatar que en dichas
convocatorias, aunque públicas, son
realmente documentos que carecen de puntos, cuya ausencia hacen nulo el avance que
pudieran haber representado como convocatorias públicas, tanto para el ingreso
de los profesores, como para el ingreso de los alumnos. Generalmente, las
convocatorias, que en mi opinión, si son convocatorias llevan en su cabeza el
nombre de la institución convocante, luego, el motivo de la convocatoria
especificando el número de espacios disponibles, los procedimientos y fechas de
entrega de documentación probatoria y los criterios con los cuales se admitirán
a los seleccionados. Aquí, en Chihuahua
las convocatorias del área educativa oficial cumplen con algunos de ellos pero,
carecen de dos aspectos, para mi
fundamentales: a) el número de espacios disponibles y b) los criterios de
selección.
En el caso de quienes solicitan plaza como
profesores no se enteran en la convocatoria del número real de espacios
disponibles, ni tampoco de los criterios o de la puntuación necesaria para ser
admitidos en el servicio, quedan a expensas de la manipulación de servidores
públicos inescrupulosos. Creo que, los
solicitantes de plazas al no tener claro
y ni estar enterados de esos importantes puntos, se les expone a relaciones
impropias que atentan contra la libertad individual pues, los expone a ser
víctimas de lealtades o clientelares de
índole de política partidaria o personal.
Luego, para el ingreso a una escuela de
educación media y superior o superior, las instituciones no informan en la convocatoria el número de espacios
disponibles, ni tampoco de los criterios de admisión, de la puntuación mínima
requerida. Un indebido documento secreto es la puntuación que obtiene el
conjunto de alumnos pero, al igual que
el secreto bancario se usa para fines deshonestos, en este caso para que no se advierta el número de
“recomendados” que envían funcionarios públicos, electos o designados a quienes,
practicantes de la cultura de la
corrupción y a un lado la cultura de la
legalidad “por circunstancias extraordinarias”
recomiendan no sólo a quienes sustentaron el examen y obtuvieron baja
puntuación, sino hasta alumnos que no lo hicieron.
A mi parecer, con estas acciones en el
terreno educativo de recomendar para ingreso de unos y de aceptar recomendados de
otros (con anuencia del gobierno) se generan graves cadenas de corrupción que
se manifiestan, no únicamente, en la relación maestro-alumno, sino en la
formación cívica y ética de futuros ciudadanos, quienes habrán aprendido a no cumplir la ley y a
simular en su relación con las instancia públicas…esto sucede en un entorno de
ilegalidad por parte del Estado actual respecto a la ley máxima y no habrá de
suceder con el gobierno que deseamos …O
dentro de las competencias y saberes que proponen los nuevos programas
educativos ¿la práctica de esta forma de
corrupción, la de los “recomendados”,
será la del saber convivir de esta forma, un deseable saber para la vida
futura del país?
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