ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y CORRUPCIÓN

18 de Septiembre del 2011

Jorge Domínguez González

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 del Gobierno del Estado de Chihuahua concede en el escrito, de un cuarto de millar de páginas, gran importancia a la Educación dentro del Eje III, referido a la Formación para la Vida, no así a los presupuestos para alcanzar los objetivos que en el documento se encuentran. Pareciera que en la satisfacción de ese proyecto se abandona la parte de la responsabilidad financiera del gobierno, y que el Estado se limita a contabilizar la “cobertura” o espacios que puedan proporcionar las personas que poseen empresas educativas; no sólo eso sino que se propicia el abandono de la responsabilidad del Estado de proporcionar la educación (toda) gratuita a su población al no prohibir de manera terminante, no sólo el ilegal cobro de matriculas, sino de no obligar a la información pública de su manejo financiero por parte de quienes detentan estos cotos de poder.

En dicho plan se mencionan las escuelas de tiempo completo, para el nivel de educación primaria, y se conciben como aquellas que mejorarían la formación de los estudiantes porque tendrían la ampliación del horario escolar e incorporarían nuevas asignaturas tales como inglés, computación, salud, deporte, arte y cultura.

Por un lado los chihuahuenses no sabemos con claridad de los recursos destinados a la operacionalización de la infraestructura física para fortalecer las escuelas de tiempo completo, a no ser que su financiamiento recaiga en los padres de familia, como es la tendencia gubernamental por la aceptación y puesta en practica de manera acrítica del modelo neoliberal alrededor del mundo. A nivel de nuestra región ¿Dónde se ubicarían las escuelas de tiempo completo? Acaso ¿En las escuelas ubicadas en los centros de las poblaciones y que han quedado paulatinamente abandonadas porque alumnos y sus padres se fueron a vivir a la periferia de los pueblos y ciudades? Porque si las escuelas de tiempo completo se ubican en donde no hay alumnos, quienes podrían acceder a ella no son quienes más lo necesitaran, sino aquellos cuyos padres, -clasemedieros- podrán pagar la gasolina para trasladar a sus hijos o pagar el transporte escolar, aparte de las cuotas de comida y otros materiales que se necesitarán. En un posible presupuesto de gobierno para educación ¿Se incluye ya el pago del costo total para el consumo de comida en las escuelas de tiempo completo? ¿Se incluyen los materiales que se usarán por la ampliación de la jornada y de transporte escolar para los alumnos que habrán de trasladarse de la periferia a las escuelas del centro? ¿Está establecida ya la reglamentación pertinente para todas estas situaciones?

En las posibles escuelas primarias de tiempo completo de la periferia, en las cuales se concentra la mayoría de la población escolar de nivel primaria y que funcionan con doble turno ¿Cuentan con un presupuesto, asumido por el gobierno, para edificar un segundo piso? ¿O de que manera se solucionará el problema de nuevos espacios donde las escuelas de tiempo completo y la población lo necesitan? ¿Cuánto está destinado para la edificación de espacios necesarios para las nuevas asignaturas y cuánto para comedores? ¿Qué informan los nutriólogos sobre los cambios de horarios de alimentación de los niños, si éstos hubieren de cambiar de hábitos?

Desde mediados del siglo pasado, en el estado de Chihuahua, coexisten dos subsistemas escolares, el federal que antiguamente era pagado directamente por el gobierno federal y el estatal conformado por maestros cuyos pagos provenían de contribuciones del ámbito estatal. Aunque tienen aspectos en común, la administración y las prácticas de ambos subsistemas si está diferenciada. Desde fines del siglo pasado y por los procesos de descentralización los pagos a los profesores federalizados los realiza actualmente el Gobierno del Estado de Chihuahua por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECD) Aunque los trabajadores de la educación, federalizados y estatales, pertenecemos al mismo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE), los de origen federal nos encontramos adscritos a la Sección 8ª y los estatales a la Sección 42, compartimos los mismos estatutos sindicales pero, la historia, las prácticas y las prestaciones son diferentes. En ambos subsistemas las plazas bases para educación primaria y preescolar equivalen a medio tiempo, es decir, 20 horas.

Por otro lado, una amiga mía quien trabaja en la subsede de Camargo de la Escuela Normal Centenario me cuenta que, desde a implementación de la Licenciatura Educativa del 94 (LE´94) a ella le ha correspondido impartir el Curso de Introducción a los alumnos de nuevo ingreso a esa licenciatura y me cuenta que los requisitos para esa carrera son: a) ser profesor en servicio y b) contar con bachillerato (sin tener licenciatura). Me dice que la convocatoria de ingreso a la LE´94 apareció el 8 de Mayo del presente en los periódicos locales. Agrega que el propósito de la LE´94 es centrar la atención de los docentes en los aprendizajes de los alumnos conforme a los planes de estudio de fines del siglo pasado y que son anteriores a los actuales programas que se basan en las competencias establecidas en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB).

Ella, conocedora de esta situación me dice que en Junio aceptó, -como siempre-, impartir el Curso de Introducción que sería en Agosto mas, en el entendido de que ella tenía la confianza de que las autoridades educativas (SECD) se percatarían de que este programa (LE´94) no es pertinente con la educación por competencias, el cual ha sido puesto en práctica desde principios de este siglo en las escuelas primarias del estado pero, me confía que, pasaron los días y las autoridades no hicieron nada y que todavía antes de iniciar el curso, ella tuvo esa esperanza, la cual resultó ser una esperanza falsa, nunca recibió notificación de las autoridades de suspender el Curso de Introducción a la obsoleta LE´94 y que aún más que los estudiantes admitidos, casi la totalidad profesores provenientes del subsistema estatal… ya contaban con una licenciatura. Me explica: ¡Claro! ¿Cómo las jerarquías educativas van a cancelar un programa de LE´94, si el tráfico de poder los beneficia? Ella me señala que en su escuela sin reglamentación pública, se manejan los recursos de las matriculas, se descargan de horas a los profesores de plaza base y se contratan a profesores para sustituirlos frente al grupo.

Conforme a los valores de nuestro tiempo se matriculan en el programa para estudiar la LE´94 no por vocación, ni porque sean estudios pertinentes con el enfoque de la RIEB, sino por los estímulos económicos que reciben. Ella me comenta que se matriculan para recibir un estímulo económico denominado “clave L”; yo le digo que hasta donde yo entiendo que el estímulo llamado “clave L”, de ¾ de tiempo ya no existe para los profesores federales, porque ya no hay profesores con el perfil de ingreso. Ella añade que entre los profesores estatales todavía existe el estímulo llamado “clave L” que, para quienes estudien la LE´94 el estímulo económico puede llegar a la percepción equivalente a las 42 horas y me añade que, ella sabe que en el colmo de la corrupción de quienes tienen la “clave L” unos trabajan en escuelas donde hay dos turnos (cobrando 2 plazas) y que otros están comisionados fuera de grupo.

NOTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA REGIÓN NOROESTE DE CHIHUAHUA

Jorge Domínguez González

El pasado mes de Agosto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tal vez la universidad más grande y gratuita del país a mediados del pasado mes de Agosto levó a cabo una conferencia para presentar a la sociedad y a los tres niveles de gobierno un documento denominado Elementos para la construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia (http://www.razon.com.mx/IMG/mk/propuestaunam.pdf) después de los foros en que participaron 88 expertos nacionales e internacionales. Estas propuestas concluyen con 30 recomendaciones al Estado Mexicano, las cuales han sido rechazadas por los voceros ideológicos del nivel federal.

El gobierno de FCH las ha descalificado y los corifeos de la derecha han hecho lo mismo. Unos dicen que son verdades de perogrullo y podemos coincidir con ellos mas, si el gobierno federal sabe que, dichas verdades son evidentes y por ello es de necios decirlas ¿Por qué no ha actuado en consecuencia? ¿Por qué, al gobierno en todos sus niveles muestra que esas verdades no son evidentes para él?

Esas 30 sugerencias son parecidas al “sentido común” pero, se requiere de especialistas, nacionales e internacionales, para poderlas hacer visibles a los ojos de los demás, ya que se encuentran encamaleonizadas entre los intereses de los mismos grupos en el poder, entre los miedos de las gentes y entre la desinformación sesgada de los medios..y se han requerido 88 especialistas para sacarlas de la maraña de los intereses, miedos y de la desinformación pública.

Las UNAM fundamenta y expone cada una de las 30 sugerencias sobre seguridad que propone y son eso: sugerencias para la seguridad que esta institución otorga al Estado Mexicano y es a éste, -si tuviere voluntad política-, a quien corresponde operacionalizar su puesta en marcha; por ello son llamados generales. Cuando el Estado las hiciere suyas las habría de particularizar señalando acciones puntuales y a los responsables dentro del aparato estatal.

Para los niveles municipal y estatal, a mi en lo personal, del numeral 2 me llaman la atención dos aspectos: Uno.- “…dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito”. De buenas a primeras el gobierno estatal ha hecho un intento dar espacios de estudio medio superior a los “ninis” e insertarlos en programas de trabajo, sin preveer presupuesto y dejando crecer antipedagógicamente los grupos escolares, sin seguimiento puntual de cada uno, etc., algo está haciendo. Sin embargo, los gobiernos municipales ¿Qué pudieran hacer en este sentido? ¿Qué acciones corresponden a los niveles estatales y municipales para abatir la impunidad en sus ámbitos?

Enrique G de la G en “La propuesta de la UNAM”. Letras libres, Septiembre del 2011. Pag.107, como un natural derechista, -confundiendo a los lectores-, le “Queda ambiguo el inciso 25 de la propuesta, que puede entenderse como una sugerencia a la despenalización de alguna(s) droga(s).” y lo que dice dicho inciso 25 es “Despenalizar aquellas conductas que no atenten en forma importante contra la sociedad y trasladar la atención de las mismas a otras esferas, como la administrativa.” Lo cual se refiere podría referirse a la conducta del CONSUMO de drogas, pero a otras más. Sin embargo, En el punto 5 de dichas propuestas nos encontramos que se habla de “Diseñar un programa de política social, que favorezca la enseñanza y el desarrollo de modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a reconocer la conveniencia de abandonar el consumo o bien a reconocerse como adictos y solicitar tratamiento, que incluya en el mismo a los terceros que forman parte de su entorno.” Esto no está ambiguo, se refiere a adicciones a todo tipo de drogas, las permitidas por la ley y las que no. La cosa está ¿Qué de ese último inciso corresponde a la esfera del gobierno estatal y cuál a las de los gobiernos municipales?

De ese listado de 30 sugerencias hay otras 6 subsecuentes, –para la misma UNAM-, que elevan al listado hasta el número de 36 y en el 35 de ellos encontramos “Impulsar en la UNAM la discusión sobre la política referente a las drogas en México a través de un foro amplio que permita evaluar los costos y las consecuencias de las diversas políticas sobre la regulación del consumo de drogas. Esta posición debe incluir las posiciones de sectores diversos, así como la experiencia de distintas latitudes para obtener una visión política plausible e integral.” Mi pregunta es ¿Hay voluntad política, en las instituciones de educación superior, para llevar esta discusión a los niveles estatal y municipal?