En el segundo
nivel de gobierno de una
república de sistema federal, como se supone que es la nuestra, la República
Mexicana, la cual posee, para equilibrar y como un sistema de contrapesos tres poderes en el último nivel, y cada una de las entidades, como
Chihuahua, también tienen esos tres poderes: el Poder Judicial, el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo. El primero representado por el Supremo
Tribunal de Justicia de Chihuahua; el
Poder Legislativo personificado por los 33 diputados del Congreso local, de
Chihuahua y el Poder Ejecutivo que recae en la persona que haya resultado
electa para el cargo de Gobernador de Chihuahua. El Poder Judicial encargado de
vigilar y sancionar el incumplimiento de las leyes; el Poder Legislativo con la
encomienda legal de elaborar las leyes y reglamentos de su ámbito y el Poder
Ejecutivo con el mandato de hacer cumplir la ley. Se supone que mediante la
óptica del partido por el cual haya sido electo, pues en el periodo
preelectoral se presume que cada partido ha expuesto, defendido y debatido lo
que a su ver es lo más importante y que lo han expresado en programas, aunque
de manera previa o posterior a la toma de poder pueden consensar o no sus
programas de gobierno con los de los otros partidos políticos. Recordemos el Pacto por México, convenido por
iniciativa del Presidente de este país, con los representantes del PRD y del
PAN.
Aquí en el Estado de Chihuahua en el Poder
Legislativo están representados 7 partidos políticos en sus 33 diputados locales; 22 electos por mayoría en
cada uno de los distritos y 11 de representación proporcional. Por importancia numérica los partidos que tienen
representación en el Congreso del Estado de Chihuahua son: 15 miembros del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 7 miembros del Partido de Acción
Nacional (PAN); 3 miembros del Partido Nueva Alianza (PANAL); 3 miembros del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM);
2 miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 2 miembros
del Partido del Trabajo (PT) y, 1 miembro del Partido Movimiento Ciudadano
(PMC). Con todo, me parece que un porcentaje considerable de los ciudadanos,
ponen en duda que esos diputados hayan
participado en la contienda para que en las leyes se estableciera, aunque fuese
en mínima proporción, algo de los
principios o programas del partido político del cual provienen. Creo que la
mayoría de votantes y no votantes piensa que cuando candidatos, ni siquiera conocieron los programas y
principios, sino que lo que los motivaba era la intere$ante paga y viáticos que
recibirían; la ciudadanía arguye que en las sedes locales de los partidos, les
dicen, como si se tratara de un secreto,
que ahí no existen esos documentos (de programas y principios) y que
cuando andaban en campaña por el cargo, los volantes
exaltaban a la persona del candidato(a) y no los programas y principios; añaden
que cuando notaron “debates”, no de los
organizados por el IEE (Instituto Estatal Electoral) entre los candidatos,
éstos no fueron el diálogo de altura, lo
cual en
algo hubiera ayudado a construir democracia, sino que en sus referencias
a los otros candidatos, lo que se
manifestó fue la descalificación, la difamación y la calumnia, con lo
cual se reafirma la cultura política a que nuestra clase política ha llevado a la sociedad.
Por ley se establece que, anualmente, los poderes ejecutivos de los tres niveles de
gobierno habrán de informar a la ciudadanía correspondiente el estado que guarda su administración dentro
de sus competencias territoriales. Al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en este año
correspondió realizar el III informe de Gobierno en una fecha muy significativa
para los mexicanos y la historia del México: el 2 de Octubre, mismo día en que
hace 45 años miles de estudiantes fueron masacrados: Mi abuela decía que,
seguramente, sus ángeles de la guarda estaban “crudos” por ser ese su día de
fiesta.
Ningún chihuahuense, podremos negar la parte
del III informe dónde se asevera qué: la
matrícula en el Colegio de Bachilleres es de 51 mil estudiantes; que hay más de 50 nuevas carreras y que hubo
un aumento de estudiantes de medicina para llegar a los 1 500 en 4 ciudades de la entidad. Sin embargo, la
ley no señala que a cambio de la
gratuidad, se aumente la cobertura educativa cómo se está haciendo pues así, se
afectan otras áreas de la sociedad con la creación de cotos de poder para uso
político en demérito de la calidad, a la par
de favorecer el egreso de profesionistas sumisos.
No pueden ser negativas las entregas de 697
mil 628 paquetes escolares en educación
básica o que se entreguen becas
137 mil a estudiantes del Sistema Educativo Chihuahuense pero, parece caridad
pues para los informados todavía no es
hora que, conozcamos el número de
escuelas, de docentes, ni lo que trabajan, ni lo que cobran. Los padres de
familia en este año escolar continúan pagando cuotas “voluntarias” y otros
gastos relacionados con la educación y de sus hijos, por supuesto no se
adelanta el presupuesto para el pago de
insumos y personal requerido en las escuelas de tiempo completo.
Un porcentaje significativo de profesores en
servicio me ha manifestado su absoluto rechazo a la Reforma Educativa, cuyas
leyes ya fueron expedidas, y yo les
llamo a que reflexionen sobre que es muy posible que suceda lo mismo que con la
fracción IV del Artículo 3° de La ley Máxima, la Constitución, la cual establece
que “Toda la educación que imparta el Estado será gratuita” y por más oscuros deseos o preclaros deseos
de cumplir con esta parte de la ley, hoy por hoy, el C. gobernador no puede afirmar su
cumplimiento o su intención de cumplir esta ley.