Jorge
Domínguez González
La mitad más uno del total de los congresos
locales ya avalaron la Reforma Educativa, la cual, forma parte del Pacto por
México a mediados de la semana eran: Chihuahua, Guerrero, Colima,
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Estado de México,
Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Nayarit, Durango, Sinaloa, Campeche
Hidalgo, Yucatán, Baja California Sur. La ley, es decir, la Constitución
establece que si la mitad más uno de los congresos locales; luego, se comunica
a la Cámara de Senadores, la Cámara de
Diputados y al Poder Ejecutivo. Luego se pasa a publicar el decreto en el Diario Oficial de la
Federación; pero no fueron 16 estados más uno, sino 19 entidades federativas. Me sentiría satisfecho de conocer en qué
medida cada una de las entidades federativas anteriores se esforzó en cumplir
la fracción IV del artículo 3° constitucional que instituye “Toda la educación
que imparta el Estado será gratuita”; de igual manera me gustaría establecer la
correlación con la privatización de los
sistemas educativos en esas entidades y
la fórmula que siguieron en cada caso…para no cumplir la ley que habían jurado “cumplir
y hacer cumplir” y no sólo la ley federal, sino las leyes de educación propias
de cada estado.
La situación actual de la educación en el
país no es algo que nos “caiga del cielo” (o del infierno), en mi opinión, es un complejo y largo proceso. Un punto importante en esta derechización de la
educación, desde mi punto de vista, fue la reunión del 15 de Mayo del 2008 entre el gobierno federal
encabezado por el presidente del país Felipe Calderón Hinojosa y la líder del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo
para firmar la Alianza por la Calidad de la Educación…a más de 4 años de signar
ese documento, me parece que un importante porcentaje de profesores en servicio
desconoce el concepto de calidad de la educación propuesto en ese documento.
El SNTE
a nivel nacional está conformada por 59 secciones sindicales y es el sindicato más grande no sólo del país,
sino de América Latina. Aquí en Chihuahua parece ser desconocido de que
aquellas secciones sindicales existen dos: la 8ª y la 42, la primera de
maestros federalizados y la otra agrupando profesores que
siempre han sido parte del Poder Ejecutivo Estatal, el gobernador. Aparte de
que un porcentaje indeterminado de padres de familia desconoce la existencia de
profesores federales y estatales, y no saben a este respecto con quién estudian
sus hijos; tampoco es conocida, por
ellos, la diferenciada historia entre las secciones 8ª y 42.
Un sindicato es por definición legal la
organización de los trabajadores para la defensa de los intereses generales de
sus integrantes. Sin embargo, en México
no es infrecuente que los representantes sindicales de todos los niveles suelan
“confundir” los intereses generales con
los intereses personales, se manifiesta
en ejercicio ilegítimo del poder, a veces, creando cotos de poder con sus allegados, y en otras ocasiones ejerciendo prestaciones laborales
extraordinarias; al igual que cualquiera
de nosotros ninguno de estos compañeros trae un letrero en su camiseta que diga
“a mí, mis intereses personales”, no; sin embargo, como dice un libro muy
conocido: “por sus hechos los conoceréis”, en mi opinión, usan la doble cara, manipulan emocionalmente y
en posturas polémicas prefieren no dejar huella.
Dentro del SNTE en la Sección 8ª de
profesores federalizados existen corrientes de opinión que tienen
representación a nivel seccional y
delegacional a diferencia, según la última noticia que tuve, de lo que sucede
en la Sección 42, de maestros estatales donde no existen corrientes de opinión
y sí representación proporcional de grupos de poder, sí así fuere existe un
mayor desarrollo en la Sección 8ª que en la 42. No obstante ahí, (Secc. 8ª) no
ha habido de manera institucional mesas redondas, foros o debates para que los
sindicalizados aprendamos métodos democráticos de altura con argumentos; a
nivel de base y a nivel superior lo último que vi en una reunión fue el agarrar la palabra o no soltarla, la
descalificación previa, o más dramáticamente durante la discusión; sobre todo a
ocultar los intereses personales.
En la vida pública de todo el país y en todos
los poderes y niveles de gobierno existen dirigentes de partidos políticos y
funcionarios públicos electos se observa una situación similar, una gran cantidad de ellos no conocen los
documentos básicos de sus partidos (Declaración de Principios, Programa,
Estatutos) pero, la mayoría reacios a dar a conocer los intereses personales
por el cargo. Todos evitando el diálogo y el debate el donde los ciudadanos pudiéramos aprender la
política de más altura evitando la descalificación previa y el apabullamiento y
otras formas propias de la militancia protofascista.
A mi entender, tanto dentro de la vida
sindical como en la vida pública se hace necesario para la convivencia democrática
el saber argumentar, a debatir respetuosamente, a pensar de manera autónoma.
