En
mi opinión, y por principios, considero que el ingreso de todos los jóvenes que
deseen realizar aprendizajes en una carrera determinada, dentro de las escuelas
de educación superior en las instituciones del Estado mexicano, que el gobierno
mismo debe proporcionarla a todos los solicitantes, de manera gratuita como lo
marca la ley (Art. 3°, Fracc. IV). Aunque, dentro de esos aspirantes, hemos de
considerar que, un número indeterminado de jóvenes, no ingresa a las escuelas
por vocación, sino por otras razones, las cuales no eliminan el ejercicio del
derecho a la educación que poseen, aunque hacerlo es deleznable porque ocupan
lugares de otros.
Mi
punto de vista es que, si el Estado realmente de disponiere de pocos recursos
para cumplir la ley y no alcance a cubrir el pago a los docentes y sin desviar
el presupuesto educativo a los pagos y prestaciones superfluos de funcionarios
públicos designados, lo más justo a mi entender, es aplicar procesos de
selección pero, sin hacer recaer la carga del financiamiento educativo en los
padres de familia, porque a mi entender no es ético mercantilizar la educación
pública, ni de este nivel, ni de ningún otro.
Así,
en las circunstancias anteriores es dable que el Estado realice un proceso de
selección con transparencia para todos los participantes en el proceso de
selección. A mi entender el proceso de selección de alumnos para ser admitido
en una institución de educación superior puede ser: A) con base a los
conocimientos previos, b) tomando en cuenta la vocación, C) al azar. Los
procesos de selección que toman en cuenta los conocimientos previos son los más
generalizados; los que toman en cuenta el llamado interior o vocación hacia una
carrera se aplican poco; la selección mediante sorteo de los lugares
disponibles en la institución lo utiliza la Universidad de la Ciudad de México.
A mi, en lo personal, todos esos tipos pueden ser usados con propósitos de
admisión a una institución de educación superior, siempre y cuando sean
procesos auténticos transparentes y se respeten los criterios públicos y
procedimientos establecidos en la convocatoria propios de cada caso. Hoy por
hoy, el requisito insalvable en las universidades e instituciones de educación
superior de México, ya sean particulares o de gobierno, es que los alumnos han
de pagar cuotas, violentando la ley.
En
el estado de Chihuahua, para el ingreso a una escuela de educación superior,
las instituciones no informan en la convocatoria el número de espacios
disponibles, ni tampoco de los criterios de admisión, de la puntuación mínima
requerida. Un indebido documento secreto es la puntuación que obtiene el
conjunto de alumnos pero, al igual que el secreto bancario se usa para fines
deshonestos, en este caso para que no se advierta el número de “recomendados”
que envían funcionarios públicos, electos o designados quienes, practicantes de
la cultura de la corrupción y a un lado la cultura de la legalidad “por
circunstancias extraordinarias” recomiendan no sólo a quienes sustentaron el
examen y obtuvieron baja puntuación, sino hasta alumnos que no lo hicieron. Me
parece que esta es una práctica por todos conocida pero, que por su naturaleza
misma es difícil de cuantificar porque, no hay registros de quienes envían
recomendados, ni de quienes aceptan. Si los gobiernos ocultan la información del
número total de maestros y de las horas cobradas y laboradas ¡Mucho menos
informarían de este detalle!
A
mi forma de ver, los alumnos no aprenden los valores que se les discursan en el
desarrollo de una clase, ellos aprenden en términos generales de lo que ven en
su entorno y así los valores sociales y promovidos por los medios son el poder
y el dinero y otros relacionados. Por eso, a mi parecer, estas acciones en el
terreno educativo de recomendar para ingreso de unos y de aceptar recomendados
por otros (con anuencia del gobierno) giran en torno al valor del poder pero,
generan graves cadenas de corrupción que se manifiestan, no únicamente, en la
relación maestro-alumno, sino en la formación cívica y ética de futuros
ciudadanos, quienes habrán aprendido a no cumplir la ley y a simular en su
relación con las instancias públicas…esto sucede en un entorno de ilegalidad
por parte del Estado actual respecto a la ley máxima y no habrá de suceder con
el gobierno que deseamos…o dentro de las competencias y saberes que proponen
los nuevos programas educativos ¿la práctica de esta forma de corrupción, la de
los “recomendados”, será una del saber convivir de esta forma, como deseable
para la vida futura del país tal cual lo establecen los actuales programas
educativos?
Si
alguna vez se conformare en nuestro país alguna Comisión Nacional
Anticorrupción, a mi juicio, una de sus tareas sería la eliminación de esta
práctica de enviar y recibir a los alumnos en las escuelas. A mi ver, esta
práctica, la de los recomendados a escuelas de educación, puede ser con
consecuencias mínimas para los alumnos de los primeros grados de educación
básica, los cuales corresponden al primer nivel de desarrollo moral en el niño,
al nivel preconvencional pero, la gravedad de las repercusiones en el
desarrollo moral de los alumnos, los cuales serán parte del futuro de la
sociedad, comienza cuando entran en el nivel II, el nivel convencional (el cual
coincide con la adolescencia), y que está referido al sistema social y a la
conciencia ya que tiene que ver con el conocimiento y la reproducción social.
En
este nivel II del desarrollo moral y en sus estadios correspondientes, los
alumnos cimientan su conocimiento ético por medio de la observación, misma que
internalizan de diversa forma, y por los ejemplos recurrentes, del entorno
familiar y escolar. Posteriormente, esta impronta se manifestará en la relación
maestro-alumno dentro del aula y en la su relación familiar. Luego, se
manifestará en la relación alumno-sociedad.
Los
alumnos post-adolescentes que arriban a educación superior lo hacen en el nivel
III del desarrollo moral, llamado también Postconvencional o de principios, con
los cimientos que han adquirido antes y si han ingresado de esta irregular
manera a las instituciones públicas de educación superior, la mayoría no lo
presume pero, se advierte quienes son ellos por las actitudes sumisas ante las
autoridades del plantel y las conductas de agresión simbólica (platicar,
telefonear, durante clase, etc.) ante otros docentes a quienes ellos no les
“deben” nada. En la vida social es seguro que los alumnos que son recomendados,
al igual que sus recomendadores, son trasgresores de la ley, con valores
referenciales que no les han servido de “nada” y que su acto de ingresar así a
una institución de educación superior es prueba inolvidable del valor poder.
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