Jorge Domínguez
González
La
ley reglamentaria del Artículo 27
constitucional, aquel dónde se plasman algunas de las demandas de los trabajadores que planteaba
el Partido Liberal Mexicano fundado el 1° de Julio del 1906 y presidido por
Ricardo Flores Magón (por esas ideas una población, la ex hacienda de El Carmen
del Noroeste de Chihuahua lleva todavía
su nombre, de éste quién al igual que Juárez era “oaxaquita”), en la ley reglamentaria, la Ley Federal del
Trabajo establece, en su artículo 87. “Los trabajadores tendrán derecho a un
aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre,
equivalente a quince días de salario, por lo menos.” Además, es proporcional al tiempo anual trabajado.
O sea que, antier viernes se cumplió este plazo mencionado por la ley, todos
los trabajadores en nuestro estado y en el país debimos haber recibido el
aguinaldo que antes era un regalo de los capitalistas y ahora sabemos que es
producto de la labor de los trabajadores y una manera conforme a derecho de
redistribuir la riqueza porque se
contribuye a crearla.
No
conozco en realidad qué porcentaje de
trabajadores, de quiénes tienen
establecidas relaciones obrero
patronales reciben esta prestación establecida por la ley, según fuere el nivel
demográfico, nacional, estatal, regional o municipal. Lo que si sé es por todas
parte veremos, como decía el poeta latinoamericano, Pablo Neruda: “…Para el
rico la buena mesa./ La basura para los pobres.” Pues desde hace mucho está
aprobada la Ley del Embudo, (ver en Canto General), la cual permite para
“lucimiento” público el reparto de lo que sobra conforme a nuestra moral
capitalista, nunca el reparto de la ganancia, bien habida o mal habida, que es el valor normal en nuestra sociedad actual (Hch.
2. 44,45.).
En
este contexto uno NO desearía que hubiera más leyes, sino que se cumplieran las
que ya existen, como esa nueva reforma al artículo 3° constitucional y la cual entró
en vigencia ayer para reglamentar el uso y regulación de tecnología en el
sistema educativo nacional, al mismo tiempo que continúa sin que entre en
vigencia (desde hace varios años) la fracción IV del mismo artículo que cito:
“Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. No olvido que las
leyes son reglas o normas para la convivencia en una sociedad pero ¿Para qué no se cumplan? ¿Para qué conociéndolas y
conociendo su operacionalización, torcerlas y sacar provecho personal de
ellas? ¿No serán estas, el no
cumplimiento de las leyes y el aprovechamiento personal de sus
operacionalizaciones, características
causales o manifiestas del “Estado fallido”, o sea, de los gobiernos que no sirven? A la par,
ciegos a la ley unos y otros enceguecedores; un conocido mío ha aplicado una
encuesta a profesores de tres niveles educativos con una sola pregunta abierta:
Conforme a la Constitución actual ¿Cuál
educación ha de ser gratuita?: A).
La educación básica (preescolar,
primaria y media básica) impartida por el Estado; B), Toda la educación que el
Estado imparta; C. La educación media
superior (preparatorias y bachilleratos) que el Estado imparta; D). La
educación superior (licenciaturas, maestrías, doctorados y especializaciones)
impartidas por el Estado. Me dice que va a correlacionar las respuestas con los
datos socioeconómicos básicos de los encuestados: grupos de edad, género,
escolaridad. No tengo ni la menor idea
de cuáles serán los resultados.
De
una comunidad que a mediados del siglo pasado no pasaba de medio millón de habitantes era natural que un chihuahuense encontrándose con otro, lejos de
su lugar de residencia pero, dentro de
los límites de este extenso territorio, nos encontráramos con conocidos comunes,
si no es que hasta resultásemos parientes. Todos teníamos una idea sobre el trabajo u oficio al que se dedicaban las
personas que llegaban; difícilmente la mayoría de la población podía poner en
duda la honradez de una familia de aquí, de allá o de acullá. Si andaba en
cosas “chuecas” no perdía su honorabilidad, al menos, que
perjudicara al prójimo. Todo lo que se tenía se mostraba, nadie tenía que
esconder bienes o propiedades, eran
producto del trabajo, todos teníamos la idea de quien era quien y tener mucho, lo más que pasaba era tener algo
de vergüenza, de tal suerte que los que tenían más vestían y vivían con
sencillez, sin ostentación. Ahora no, la población es más de seis veces a la citada y es otro
Chihuahua, otro México y otro mundo. Para que los ciudadanos puedan
participar en los asuntos públicos, hoy
se hace necesario la mayor transparencia
de los tres niveles de gobierno para retomar la necesaria confianza en las
autoridades.
El día 18 del mes que pasó se publicó “Protocolo del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática
para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética política” de lo cual me
ha llamado la atención el subtítulo de –En materia Transparencia y rendición de cuentas- dónde
se propone declarar de carácter público la información financiera, patrimonial y
de gasto del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales del
PRD; los ingresos, gastos, salarios, viáticos y viajes de los órganos del PRD;
será obligatoria la declaración
patrimonial de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) que son integrantes
de los órganos de dirección de todos los niveles (incluyendo a los comités
Ejecutivos municipales) y los funcionarios públicos y los legisladores
federales y locales los primeros presentarán ante la Secretaría de Finanzas del
CEN para entregarlas a la fiscalización del INE y a la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP y los funcionarios y legisladores ante su órgano
correspondiente.
Ojalá, los trabajos del Segundo Pleno Extraordinario del XI Consejo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática realizado el pasado mes allá,
lo hayan aprobado.
“Defendamos
el ecosistema del Río Casas Grandes”
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