Jorge
Domínguez González
Hasta
los últimos días de la semana que concluye los medios de difusión nos
han estado informando del caos que existe en la ciudad de México por las
protestas de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)
corriente de opinión de fuerte presencia en algunos secciones sindicales del centro y del sur del país dentro del SNTE
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). La pronunciación de ambos
organismos en el español de México es igual y auditivamente sólo sabemos cuándo
nos referimos a una u otra por el artículo definido (definido o contracto) que
les antecede, cuando decimos “la” CNTE
nos referimos a la corriente de opinión, legítima, dentro de “el”
SNTE el cual es el interlocutor
oficial entre los profesores y el Estado, tanto a nivel federal como estatal.
Los profesores de educación básica, media
superior y educación superior no autónoma en el estado de Chihuahua, trabajan
en las escuelas públicas de gobierno, otros no, trabajan en escuelas particulares o privadas.
Se encuentran organizados en dos secciones sindicales de el SNTE; la Sección 8ª
del SNTE, el cual incluye a los profesores de escuelas federales y; pertenecen
a la sección 42ª del SNTE que contiene a los profesores quienes han sido
pagados directamente por el gobierno estatal. Ambas secciones, como lo anoto, pertenecen a el SNTE pero,
cuentan con un historia de participación social y de mecanismos administrativos
diferentes, en la primera existen y han existido Comités Ejecutivos Seccionales
de composición, es decir, con integrantes de varias corrientes de opinión, las
cuales ocupan un número de cargos de manera proporcional a su presencia entre
el total de los profesores en esa sección. No he sabido que eso suceda en la
sección 42ª del SNTE, o sea, la de maestros estatales. Tampoco tengo noticias de que
en los comités ejecutivos de los sindicatos de otras instituciones de educación
superior, en las cuales el financiamiento es atribuido al gobierno estatal
(UACJ, UACH, tecnológicos), digo “financiamiento es atribuido” porque todos los
chihuahuenses sabemos las desmesuradas cuotas que cobran a los alumnos sus
silenciosos directivos.
Seguramente, el gobierno del estado de
Chihuahua que se encuentra (al fin o apenas) en la fase de dar cumplimiento al
precepto legal, de manera parcial, referido a la educación gratuita en el nivel de la
educación básica prohibiendo y/o
reglamentando el cobro de cuotas escolares para inscripción de alumnos, tal vez,
dejará para otros tiempos la fase de otorgar educación gratuita a los alumnos
de educación media-superior y de educación superior (preparatorias, licenciaturas
y posgrados) para que de manera total se
cumpla la ley máxima que establece en la fracción IV del artículo 3°
constitucional que establece que “´Toda´ la educación que el Estado imparta
será gratuita”.
En días pasados la Comisión de Educación y
Servicios Públicos aprobó los dictámenes de las leyes secundarias para
someterlas al pleno de esa cámara antes del cierre de este periodo de sesiones.
La aprobación se hizo con 19 votos a
favor, una abstención de NA y la ausencia de 8 diputados de izquierda. Entre
los ausentes estaba el presidente de dicha comisión (del PRD-MC-PT) ¿De qué partidos políticos serían quienes
aprobaron los tres dictámenes de leyes secundarias? No tengo idea clara de las
implicaciones en la moral de la sociedad de Chihuahua de los dictámenes
aprobados por dicha comisión y que son:
·
Ley
General de Educación.
·
Ley
del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
·
Ley
General de Servicio Profesional Docente
La noción que tengo respecto a “Ley General
de Educación” es de que ésta busca prohibir las cuotas escolares y sancionar a
los directores que hagan obligatorias las cuotas o las condicionen para la
entrada a la escuela, exámenes y trato equitativo. Después de decenas de años
de no cumplirse la Fracc. IV del Art. 3° Constitucional, ésto supondría un
avance en la gratuidad de la educación. No obstante, tengo fe en que la mayoría
de directores de nivel básico, quienes a pesar de que no estar sujetos a las leyes de
transparencia y rendición de cuentas, de que han sido honestos en los manejos
de las cuotas pero, también existe un
ejército minoritario cuyo estándar de vida no corresponde a sus percepciones
legales…no pensemos en las autoridades escolares de otros niveles de educación,
porqué ahí existen otros “asegunes”. Creo
que la inercia de las leyes ha llevado a la creación de sustanciosos cotos de
poder.
En torno a la “Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”,
también, las nociones que tengo son
optimistas en cuanto a lo que me imagino de que pueden ser un freno a las prácticas; en diversas
modalidades, de la compra-venta de plazas o de su herencia. El ingreso al servicio docente con esta ley se
puede alejar de las prácticas –que aún
subsisten- de los “recomendados” quienes ingresan sin cumplir el perfil (o sea,
sin estar titulados) y a pesar de que hace alrededor de 4 años, en el sistema
federal se instituyeron los “concursos de oposición”, creo que en el subsistema
estatal de educación en esos tiempos no había sido instituida esa práctica. No
sé, sí ahora con esta ley la ciudadanía se pueda ligar la transparencia y a la rendición de cuentas
y no que con ley y todo continúen las prácticas de antaño...y de hogaño. Lo
bueno es que se habla de que serán separados de sus cargos a los
evaluadores que favorezcan a los individuos por interés personal, familiar o de
negocios.
Otra ley secundaria pero, que fue pospuesta para
su aprobación es la “Ley General de
Servicio Profesional Docente”, de esta ley lo que menciona, a mi ver y, de
manera más relevante, es que señala
evaluar el desempeño docente cada 2 ó 4 años y que de ello dependa su
permanencia en el servicio. También de que los docentes cuenten con la planeación de temas, el dominio de los contenidos, prácticas
didácticas, la evaluación de los alumnos y los niveles de logro de los
aprendizajes de cada uno de ellos.
Me parece que en un sentido del debate van aquellos que están en contra de
los principios de la educación en México
de que la educación sea gratuita, laica y obligatoria y van los otros,
los de siempre, los que a pesar de que en las leyes se encuentran esos
preceptos, unos y otros habrán de explicar a sus hijos el motivo por el cual
fueron en determinado sentido.
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