De la UNESCO a la OCDE.
Del derecho a la educación a su mercantilización.
Julio Rogero
Movimientos de Renovación Pedagógica
En los años cincuenta y sesenta el desarrollo del derecho a la educación se puso en manos de la ONU a través de su agencia educativa de la UNESCO. La cooperación internacional se previó en la Carta de las Naciones Unidas. Se hicieron propuestas para que el desarrollo de dicho derecho pudiera llegar a todos los pueblos y a todos sus ciudadanos. La expansión de la educación pública fue rápida durante esas décadas. Del 60 al 75 se duplicó la escolarización y se cuadruplicó el gasto per cápita en educación. Hubo un consenso global que proponía la conquista, para el año 80, de la educación primaria gratuita y obligatoria en todo el mundo. Podemos constatar estas propuestas en el informe de la UNESCO de l971, “Aprender a ser. La educación del futuro”. La Segunda Guerra Mundial había dejado a todos los países arruinados menos a Estados Unidos. Se crean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para otorgar préstamos para facilitar la reconstrucción durante la posguerra.
Es muy interesante observar que el Banco Mundial otorga sus primeros préstamos para educación en el 1962, dieciocho años después de haberse creado. En el 1944, cuando fue creado, “la educación no se contaba entre las metas productivas por las que se autorizaba a facilitar créditos”. Los primeros documentos del BM siempre se referían a la educación como un derecho. El término desapareció debido a que la educación se comienza a trasferir del sector público al privado. La principal razón para el cambio de perspectiva fue el creciente valor económico de la educación en los años 60... Eran los años en que los economistas estaban tratando de medir la contribución de la educación en el crecimiento económico y muchos evaluaban el concepto de inversión en capital humano. Eran los años del naciente neoliberalismo y del descubrimiento de lo rentable que podía ser la privatización y mercantilización de los derechos humanos. Se argumenta que el que “a todos se les deba hacer llegar el servicio de la educación no implica que haya de ser el Estado el que ha de proveer la educación. No hay nada que indique que la provisión estatal sea la mejor solución para las familias pobres que no pueden pagar la educación de sus hijos e hijas. Las necesidades de estas familias pueden satisfacerse a través de préstamos estudiantiles y becas... las autoridades públicas pueden entregar el dinero necesario para el servicio sin proveer el servicio como tal. Y existen argumentos sólidos para que sean instituciones privadas las que los provean: las instituciones privadas son más proclives a adecuar sus planes de estudio a las necesidades de sus clientes; son más proclives a la economía en el empleo de sus maestros y maestras y de los otros recursos escasos, y tienen mejores incentivos que los gobiernos para evitar el gasto inútil”1.
Esta es la lógica que se mantiene hoy, aceptada de forma casi generalizada, que sacó a la educación del sector público para pasarla al mercado neoliberal y llevarla a la privatización. El efecto de esta argumentación a largo plazo, recogida y ampliada en los años 80 y 90, y plasmada en los documentos del Consenso de Washington y de la OMC, fue la desaparición de la noción de la educación como derecho de los documentos del BM.
Los ajustes estructurales, impuestos por el BM y el FMI y justificados por las crisis del 73, 81-82 y 92, se aplicaron por todos los gobiernos, y sus obligaciones de financiación de la educación fueron reemplazadas por el poder adquisitivo, promocionando la libre elección de centro por parte de las familias. Los efectos fueron devastadores en los países en desarrollo y posteriormente para todos los demás. La educación dejó de ser definida como un derecho humano y se sustituyó por el “acceso a la educación” como el término preferido para abarcar el pago por la educación en el libre mercado.
La UNESCO había optado por un paradigma ético-crítico, personalista y democrático para hacer real el derecho a la educación. Los preámbulos de las leyes de las reformas educativas en casi todo el mundo incorporan este modelo pero en su articulado y sus desarrollos se asume el paradigma contrario, un paradigma economicista-utilitarista, mercantilista y tecnocrático. Los currículos y las competencias básicas están diseñados para asumir el segundo modelo, como consecuencia de la presión que ejercen las fuerzas neoliberales y las organizaciones que estructuran y dirigen los mercados mundiales, incluido el mercado de la educación2.
La UNESCO se había convertido en campo de batalla ideológico con la entrada de los países del Tercer Mundo recientemente independizados que demandan un nuevo orden internacional. Los países desarrollados encuentran una excusa para debilitar las organizaciones de la ONU y dejarlas languidecer. El paso al primer plano de los intereses del mercado llevan a que estos países se vayan agrupando en la OCDE como espacio de defensa de sus intereses más economicistas y como el club de los poderosos del mundo.
La Unión Europea ha optado por incorporarse a las políticas neoliberales de la OCDE frente a las reivindicaciones del cumplimiento del derecho a la educación en todo el mundo globalizado. Para ello se somete a los estándares que promueve P.I.S.A. y la incorporación a sus sistemas educativos de la filosofía de las competencias educativas, filosofía muy ligada a la necesidad, explicitada repetidamente en las cumbres de la UE, de hacer de la economía europea la economía más avanzada del mundo para el 2015.
Es verdad que la profunda crisis del capitalismo avanzado y el fracaso del neoliberalismo han puesto en cuestión todos los objetivos marcados por todos los gobiernos del mundo que se mueven en el marco del sistema capitalista. El problema es que la ocultación del derecho a la educación y su conversión en pura mercancía que se compra y se vende en el mercado educativo debilita los demás derechos humanos y aniquila la democracia.
Las actuales políticas privatizadoras, la mercantilización de la educación, el amaestrar para el mercado y el consumo no son más que la negación del derecho de todos a la educación, y no a cualquier educación. Hoy hemos de hablar de la violación de este derecho fundamental.
24 de marzo 2010.
1 En El asalto a la educación, K. Tomasevski. 2004, 103 y ss.
2 Sugerencias para una teoría del currículo, J. Domínguez, 2009, 1 y ss.
Bajado de la página de MDNS (Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo del SNTE)
SIGLAS:
BM.- Banco Mundial
FMI.- Fondo Monetario Internacional
OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC.- Organización Mundial del Comercio
ONU.- Organización de las Naciones Unidas
P.I.S.A. Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes
UE.- Unión Europea
UNESCO.- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
Del derecho a la educación a su mercantilización.
Julio Rogero
Movimientos de Renovación Pedagógica
En los años cincuenta y sesenta el desarrollo del derecho a la educación se puso en manos de la ONU a través de su agencia educativa de la UNESCO. La cooperación internacional se previó en la Carta de las Naciones Unidas. Se hicieron propuestas para que el desarrollo de dicho derecho pudiera llegar a todos los pueblos y a todos sus ciudadanos. La expansión de la educación pública fue rápida durante esas décadas. Del 60 al 75 se duplicó la escolarización y se cuadruplicó el gasto per cápita en educación. Hubo un consenso global que proponía la conquista, para el año 80, de la educación primaria gratuita y obligatoria en todo el mundo. Podemos constatar estas propuestas en el informe de la UNESCO de l971, “Aprender a ser. La educación del futuro”. La Segunda Guerra Mundial había dejado a todos los países arruinados menos a Estados Unidos. Se crean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para otorgar préstamos para facilitar la reconstrucción durante la posguerra.
Es muy interesante observar que el Banco Mundial otorga sus primeros préstamos para educación en el 1962, dieciocho años después de haberse creado. En el 1944, cuando fue creado, “la educación no se contaba entre las metas productivas por las que se autorizaba a facilitar créditos”. Los primeros documentos del BM siempre se referían a la educación como un derecho. El término desapareció debido a que la educación se comienza a trasferir del sector público al privado. La principal razón para el cambio de perspectiva fue el creciente valor económico de la educación en los años 60... Eran los años en que los economistas estaban tratando de medir la contribución de la educación en el crecimiento económico y muchos evaluaban el concepto de inversión en capital humano. Eran los años del naciente neoliberalismo y del descubrimiento de lo rentable que podía ser la privatización y mercantilización de los derechos humanos. Se argumenta que el que “a todos se les deba hacer llegar el servicio de la educación no implica que haya de ser el Estado el que ha de proveer la educación. No hay nada que indique que la provisión estatal sea la mejor solución para las familias pobres que no pueden pagar la educación de sus hijos e hijas. Las necesidades de estas familias pueden satisfacerse a través de préstamos estudiantiles y becas... las autoridades públicas pueden entregar el dinero necesario para el servicio sin proveer el servicio como tal. Y existen argumentos sólidos para que sean instituciones privadas las que los provean: las instituciones privadas son más proclives a adecuar sus planes de estudio a las necesidades de sus clientes; son más proclives a la economía en el empleo de sus maestros y maestras y de los otros recursos escasos, y tienen mejores incentivos que los gobiernos para evitar el gasto inútil”1.
Esta es la lógica que se mantiene hoy, aceptada de forma casi generalizada, que sacó a la educación del sector público para pasarla al mercado neoliberal y llevarla a la privatización. El efecto de esta argumentación a largo plazo, recogida y ampliada en los años 80 y 90, y plasmada en los documentos del Consenso de Washington y de la OMC, fue la desaparición de la noción de la educación como derecho de los documentos del BM.
Los ajustes estructurales, impuestos por el BM y el FMI y justificados por las crisis del 73, 81-82 y 92, se aplicaron por todos los gobiernos, y sus obligaciones de financiación de la educación fueron reemplazadas por el poder adquisitivo, promocionando la libre elección de centro por parte de las familias. Los efectos fueron devastadores en los países en desarrollo y posteriormente para todos los demás. La educación dejó de ser definida como un derecho humano y se sustituyó por el “acceso a la educación” como el término preferido para abarcar el pago por la educación en el libre mercado.
La UNESCO había optado por un paradigma ético-crítico, personalista y democrático para hacer real el derecho a la educación. Los preámbulos de las leyes de las reformas educativas en casi todo el mundo incorporan este modelo pero en su articulado y sus desarrollos se asume el paradigma contrario, un paradigma economicista-utilitarista, mercantilista y tecnocrático. Los currículos y las competencias básicas están diseñados para asumir el segundo modelo, como consecuencia de la presión que ejercen las fuerzas neoliberales y las organizaciones que estructuran y dirigen los mercados mundiales, incluido el mercado de la educación2.
La UNESCO se había convertido en campo de batalla ideológico con la entrada de los países del Tercer Mundo recientemente independizados que demandan un nuevo orden internacional. Los países desarrollados encuentran una excusa para debilitar las organizaciones de la ONU y dejarlas languidecer. El paso al primer plano de los intereses del mercado llevan a que estos países se vayan agrupando en la OCDE como espacio de defensa de sus intereses más economicistas y como el club de los poderosos del mundo.
La Unión Europea ha optado por incorporarse a las políticas neoliberales de la OCDE frente a las reivindicaciones del cumplimiento del derecho a la educación en todo el mundo globalizado. Para ello se somete a los estándares que promueve P.I.S.A. y la incorporación a sus sistemas educativos de la filosofía de las competencias educativas, filosofía muy ligada a la necesidad, explicitada repetidamente en las cumbres de la UE, de hacer de la economía europea la economía más avanzada del mundo para el 2015.
Es verdad que la profunda crisis del capitalismo avanzado y el fracaso del neoliberalismo han puesto en cuestión todos los objetivos marcados por todos los gobiernos del mundo que se mueven en el marco del sistema capitalista. El problema es que la ocultación del derecho a la educación y su conversión en pura mercancía que se compra y se vende en el mercado educativo debilita los demás derechos humanos y aniquila la democracia.
Las actuales políticas privatizadoras, la mercantilización de la educación, el amaestrar para el mercado y el consumo no son más que la negación del derecho de todos a la educación, y no a cualquier educación. Hoy hemos de hablar de la violación de este derecho fundamental.
24 de marzo 2010.
1 En El asalto a la educación, K. Tomasevski. 2004, 103 y ss.
2 Sugerencias para una teoría del currículo, J. Domínguez, 2009, 1 y ss.
Bajado de la página de MDNS (Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo del SNTE)
SIGLAS:
BM.- Banco Mundial
FMI.- Fondo Monetario Internacional
OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC.- Organización Mundial del Comercio
ONU.- Organización de las Naciones Unidas
P.I.S.A. Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes
UE.- Unión Europea
UNESCO.- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
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