POR: JAIME GARCÍA CHÁVEZ
Jesus Manuel Esparza, auditor
superior del estado
En
las democracias representativas, nuestro país formalmente quedaría incluido
entre ellas, es la rendición de cuentas lo que constituye desde el inicio su
principal componente. Damos por sentado que si hablamos de democracia, hablamos
de gobiernos emanados de la voluntad libre de los ciudadanos en las elecciones;
en otras palabras, no basta ser electo por amplia mayoría, pongamos por caso,
para pasar la prueba del ácido; a efecto de legitimación, hay que demostrarlo
de una manera escrupulosamente responsable. Para llegar a un estadio superior
de rendición de cuentas se necesita consolidar el entramado institucional que
la hace posible y esto, en el caso chihuahuense que examinaré, no existe. Tiene
pertinencia recordar que dos herramientas fundamentales como la transparencia y
la misma rendición de cuentas llegaron a la agenda de Estado desde afuera del
gobierno, por exigencia social, demostrada con el incansable trabajo de
organizaciones civiles que exigieron durante el gobierno de Patricio Martínez
una ley que diera acceso a la información pública de manera completa para combatir
la secresía y la opacidad que favorecen, a un mismo tiempo, la corrupción y la
impunidad. También no hay que borrar de la memoria que más de 20 mil ciudadanos
de todo el estado iniciaron una ley para crear el Tribunal Estatal de Cuentas
como órgano ciudadano, auditor y fiscalizador. Fue la primera iniciativa de
este corte en la historia del país y también la primera que fue reprimida con
amenazas y tomando como ariete a una abyecta mayoría de diputados locales que
la desechó sin más, cuando era pastoreada por Sergio Martínez Garza.
A
los gobiernos del PRI les asustan estos temas, temen que algún día se les ponga
en la vitrina para verlos actuar, y más que tengan que responder ante la
sociedad por lo que hacen con los recursos públicos, buena parte de ellos
producto de la contribución fiscal. El gobierno actual de Chihuahua tiene
animadversión por todo esto, pero no ceja en su afán cotidiano de persuadir de
lo contrario a los habitantes de esta entidad. Pero los hechos lo desmienten a
cada paso, aunque lamentablemente de ellos no se tenga conciencia plena para de
ahí pasar a acciones cívicas para proteger el patrimonio de la sociedad
encargado al funcionariado. Internacionalmente hay una máxima de fácil
comprensión: el auditor y el auditado deben ser diferentes; hermandades, socios
accionarios, compadrazgos, padrinazgos, partidarismos deben estar fuera, porque
cuando no es así, aún realizando el trabajo con rectitud no se convence a
nadie, de tal manera que se no se genera confianza con lo que los gobernantes
hagan u omitan.
En
el caso de Chihuahua, el auditor Jesús Esparza fue puesto a modo para encabezar
la Auditoría Superior del Estado. Un priísta al que le faltaban varios años
para concluir su encargo –el inefable Sérbulo Lerma– fue depuesto de su cargo
para entregárselo a un amigo del titular del Poder Ejecutivo local y, como se
sabe, responsable de un poco más del 90 por ciento de toda la masa que se debe
auditar y fiscalizar. Este amigo por supuesto nació en Parral, Chihuahua, y eso
que es una marca en esta administración, prácticamente lo dice todo, y cuando
señalo esto quiero decir que no tengo nada en contra de los parralenses, pero
pareciera que la Constitución marca como requisito, en la lectura del
gobernador, que se necesita ser de por allá para ocupar un cargo. Con todo
esto, lo que quiero decir es que no hay esa diferenciación que, al no existir,
echa por tierra el carácter independiente, autónomo y técnico que la ley le
marca a la institución. Igual suerte corre la legalidad, la imparcialidad, la
eficiencia, la eficacia y todas esas notas que hacen la auditoría confiable
pero en otros países del mundo como Suecia, Noruega o Dinamarca.
El
auditor Jesús Esparza presume hacia afuera maravillas envidiables; engaña o
pretende hacerlo. Nos habla de que realiza auditoría en tiempo real, esa que se
supone puede practicar cualquier ciudadano ahora que está desgarrada la ciudad
por la Junta de Aguas, saber cuántas toneladas de tubo se compra, cuánto
cuesta, a quién se le compra, cómo se le sepulta, de manera tal que se
convierte en ininvestigable el destino que se le da, y todo lo que usted pueda
imaginar como una falsedad y una engañifa. Tanto dentro del funcionariado
local, y no se diga afuera, se afirma que esa tubería en el nada despreciable
50 por ciento es robada en favor de los propios funcionarios en su círculo más
reducido y que a las facturas a los proveedores se les pone un sobreprecio del
cien por ciento para crear un fondo repartible, emblemático de una corrupción
desmesurada. De la gestión que implica la sectorización para la distribución
del agua, ni qué hablar, ¿cuándo sabremos si esa obra tiene una justificación
técnica que la hace indispensable? Nunca. Lo que sí sabemos es que en sectores
donde antes había agua, ahora simplemente ya no hay. Y vaya usted a saber hacia
dónde se desplaza líquido tan importante en un desierto. Pero si usted es
conformista, presuma que tenemos auditoría en tiempo real.
¿Y
qué es tiempo real? ¿Que usted vea en una pantalla todo un conjunto de
facturas? No lo creo. Tiempo real, por ejemplo, es ir al supermercado, comprar
medio galón de leche y verificar en el lugar y el momento preciso del producto
adquirido, su fecha de caducidad y hacer la reclamación cuando es oportuna y
corregible, si fuese el caso. La Auditoría, y lo debe saber Esparza, no puede
ser en el tiempo que él festina, puesto que la misma concluye en etapas de un
tortuoso procedimiento que se estanca en el Congreso del Estado, y al respecto
aporto unos datos:
Al día de hoy, hay 44 cuentas públicas de igual
cantidad de municipios que no están dictaminadas, pero no sólo, violando la ley
que establece tiempos precisos (tienen un retraso de seis meses), aún es hora
de que hechos que corresponde al ejercicio 2012 no han sido sometidos
propiamente a la auditoría y la fiscalización que concluye en el Congreso
local. Y si a esto le agrega que son las cuentas públicas de entes como Juárez,
Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes,
Delicias por citar algunos, ya se dará cuenta de que el más altísimo porcentaje
de dinero público no ha sido sometido a lo que la ley obliga. Entonces: ¿cuál
tiempo real? En realidad se trata de una baratija para engañar y persuadir.
Se
ha manejado con perversas intenciones que Transparencia Internacional se ha
sorprendido por los modelos que tenemos de auditoría y rendición de cuentas. Es
ofensivo que se trate así a una institución de reconocido prestigio
internacional, que tendría que venir a sorprenderse aquí después de haber
visitado países como los nórdicos y otros que nos llevan enorme ventaja en esta
materia aquí en Chihuahua, dicen quienes ofenden la inteligencia de los
chihuahuenses. Habrá de preguntarse a los directivos del capítulo México de TI
si lo que Esparza propala tiene consistencia o miga. No lo creo, por elemental
lógica aplicable a la falaz noticia.
La
Auditoría Superior del Estado se ha tornado en una especie de ISO-9000
ballezano para expedir certificaciones y, entonces, vemos a Jesús Esparza al
lado de José Miguel Salcido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de
Chihuahua, entregándole un certificado que lo califica casi con 10; e igual a
Jaime Herrera, secretario de Hacienda. No está en la ley que el auditor ande en
estos saraos, su obligación es rendirle al Congreso, pero en un mundo de
relaciones públicas, apariencias y engaños, nada hay mejor que aparecer
entregando un pergamino, más en los tiempos de las graduaciones escolares.
Altísimas calificaciones, ¿pero qué hay del nepotismo en el Poder Judicial?,
¿acaso ya se acabó? ¿Piensa Esparza que con una buena foto en primera plana
habremos de olvidarnos del conflicto de intereses que afecta al secretario de
Hacienda, que trabaja por la mañana en el gobierno y en la tarde en su presunto
banco Unión Progreso? En realidad lo que Esparza hace en lugar de auditoría, es
montar una mala zarzuela de un género chico, muy chico.
La
ley obliga, en materia de rendición de cuentas, no en constatar simplemente
cuáles fueron los ingresos y cuáles los egresos, la vieja contabilidad elemental
(lo que entró y lo que salió); dispone que debe haber una auditoría de gestión
que implica realizar complejas evaluaciones para constatar el cumplimiento de
los indicadores contenidos en leyes que tienen que ver con el Presupuesto de
Egresos, la contabilidad y el gasto público y además todo lo concerniente a
planeación, a fin de determinar si los recursos públicos fueron manejados
aparte de con rectitud, con eficiencia, eficacia, economía (las tres “e”
legendarias) y además con transparencia. Pero como eso no importa, la asimetría
entre una monstruosa burocracia dependiente del Ejecutivo y la sección dentro
de la Auditoría Superior se reduce a 11 personas entre el titular, secretarias
y algo más. Desde luego todos ellos deudores del favor de quien los nombró y
bajo el muy mexicano lema de que el que paga manda. Esto sí demostrable en
tiempo real.
Chihuahua
seguirá padeciendo de corrupción política nunca antes vista e impunidad,
mientras se preserve el actual modelo de auditoría y fiscalización de las
finanzas y el patrimonio públicos de corte estrictamente político y más que
esto, faccioso. O pregúntese usted: ¿quién le cuida las manos al gobernador?
Los priístas que dicen ejercer funciones de contraloría, una auditoría en la
que él nombró al auditor y prácticamente a todo su personal y la mayoría de
diputados priístas que controlan el Congreso y son amos y señores en la
comisión respectiva. Revisan cuando quieren, trafican con las cuentas públicas
y una cosa hay de absolutamente cierta: las cuentas del Ejecutivo siempre se
aprueban, siempre están bien y nos hablan de que en Chihuahua vivimos en el
mejor de los mundos posibles, y a decir de Jesús Esparza, de ello el común de
los mortales se puede dar cuenta ni más ni menos que en tiempo real.
A 13 DE jUNIO DEL 2014
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