Jorge
Domínguez González
Desde hace tiempo, los ciudadanos mexicanos
estamos inquietos por la cultura del dispendio que lleva al país a un despilfarro
que se comete con los dineros del erario público de todos los poderes y niveles
de gobierno. Más alarmados todavía cuando escuchamos que las finanzas del
gobierno están en dificultades pues hay menos producción de petróleo y que
ahora está el precio del barril en su nivel más bajo; que se prevé menos turismo, menor actividad económica y a
pesar de los cambios a formatos electrónicos se pronostica una menor
recaudación.
Con una diferencia abismal con la cultura de los
países del norte de Europa en los cuáles algunas empresas privadas
transparentan la información de sus ingresos, en contraste los mexicanos
hacemos frente a la cultura de la opacidad y poca transparencia que presentan las autoridades en diferentes
grados según sea la entidad y municipio
de donde queramos conocer información para señalar “con pelos en la mano” la corrupción arraigada de la cual somos
partícipes, -salvo honrosas excepciones-. Existen estados del país que
se niegan a entregar a los ciudadanos la información solicitada, son las más
opacas; otras entregan parcialmente a los ciudadanos la información requerida.
Sólo Sonora y Zacatecas entregan la información pedida de manera exhaustiva y
ordenada.
En fin, esta semana que concluye para mi, la
mayoría de los docentes en servicio y para muchos padres de familia, nos alegró
que se dé por concluido el indispensable Censo Educativo… existen otros a los
quienes les preocupa… como diría mi
agüelita “por algo será”.
El Martes 1° de Abril del presente Emilio
Chuayffet Secretario de Educación Pública en México acompañado de Eduardo Sojo
titular del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) informó,
al fin aunque con retraso, los
resultados del Censo Escolar fueron
dados a conocer que: “En México se censaron 90.6 % de los planteles y que
existen 1 millón 949 mil 105 trabajadores de la educación; de ellos se generan 1 millón 128 mil 319 plazas de maestros que son ocupadas por 978 mil 118 personas
que laboran como profesores frente a grupo y de éstos 30 mil 195 gozan de
comisión o licencia y 39 mil 222 no son conocidos en el centro de trabajo dónde
están adscritos según el mentado Censo Educativo presentado por el INEGI y la
SEP”.
Entiendo que 1 millón 949 mil 105
trabajadores de la educación que, si
quitamos 978 mil 118 personas que
laboran frente a grupo, 30 mil 195 que gozan comisión o licencia y 39 mil 222
personal a quienes el pueblo identifica como “posibles aviadores”, entonces
existen 901 mil 570 como trabajadores administrativos o de servicio, o
sea, casi por cada trabajador frente a
grupo existe un trabajador administrativo o de servicio. Habríamos de conocer
dónde están estas plazas. A mi juicio, contando con una “estimación de alumnos
de 25 millones 777 mil 384”. Se abre la
posibilidad de que el tamaño de los grupos se reduzca a de 26 a 13 alumnos
y se obtengan grupos del tamaño similar
a los de los que ocupan los primeros lugares en el mundo en logros
académicos como Finlandia, en dónde la correspondencia entre trabajador frente
a grupo y trabajador administrativo o de servicio no es de 1 a 1. Me parece
exagerado por decir lo menos al respecto.
A mi entender, en el estado de Chihuahua los
ciudadanos tenemos derecho a saber de manera desagregada del total nacional del
mismo Censo Educativo y por subsistemas (estatal y federalizado): el total de trabajadores de la educación, el
número de quienes trabajan frente a
grupo, esclarecer de manera clara el número, motivo y lapso de quienes tienen
licencia y comisión y el sustento legal para tal situación y sobre todo los
nombres y duración que corresponden a Chihuahua del total nacional de los 39
mil 222 personas de profesores que
“están perdidos” o a los que se
identifican como “posibles aviadores”.
Mientras no halla claridad al respecto, la imagen y reputación
de los profesores chihuahuenses, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
de Chihuahua y de las secciones 8ª (profesores federalizados) y 42 (profesores
estatales) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación será blanco
de las generalizaciones populares por razón de la opacidad.
A la par, no hemos de olvidar la moral que
sustentamos por tradición histórica los mexicanos en general y los docentes en
particular, a la par de los valores y prácticas que ello ha conllevado y que
tienen diversas manifestaciones pero que también han incidido sobreponiéndose y en demérito de la ética
y los códigos deontológicos
chihuahuenses los cuáles, a mi entender,
para los docentes se encuentran en los principios del SNTE y para los
gobernantes en los programas de desarrollo previamente debatidos, con otras
fuerzas políticas, en sus campañas electorales.
En el mismo evento, del 1° de Abril, en el
cual se dieron a conocer los primeros resultados del Censo
Educativo, se anunció la constitución
del Sistema de Información y Gestión
Educativa (SIGE), de donde saldrá la Nómina Única, después de la
compaginación y consolidación de datos entre los estados y la federación para
encontrar errores y sancionarlos. Sin embargo,
no hay que olvidar que desde el encuentro entre el mundo de los
habitantes de este lugar y los del otro
lado del mar hemos internalizado, nosotros –la mayoría-, aquello de “la ley se
acata pero no se cumple” y su natural derivación en el juicio de “una cosa es que
ser corrupto, otra que sea tonto y deje
pruebas de ello”.
En entendido de que un sindicato es la
organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses generales que
en el caso de los profesores es el SNTE. En mi opinión, corresponde a los
cuerpos colegiados de las dos secciones sindicales de los profesores de
educación básica establecer de manera pública y sin ambigüedades los criterios
para defender a quienes, por un motivo u otro,
puedan ser sancionados.
“Defendamos el
ecosistema del Río Casas Grandes”
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