LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA CORRUPCIÓN

09 Octubre del 2011

Los ricos y los poderosos, tal vez, teman a un nuevo fantasma que ha empezado a recorrer el mundo: los jóvenes comprometidos con su presente y su futuro. Aquí en Chihuahua y en México existen jóvenes a los cuales nombramos como “ninis”, seres humanos que ni trabajan, ni estudian y; es que, a mi juicio, esas son las características de los más graves problemas con los cuales los gobiernos agravian a sus jóvenes: la falta de trabajo digno y la nula posibilidad de estudiar. Los gobiernos del mundo, -en todos sus niveles-, de diversas manera pero, con la complacencia de un pequeño porcentaje de la población, han ido a la aplicación de las políticas económicas neoliberales, y paulatinamente han abandonado la responsabilidad de brindar trabajo digno y seguro a sus jóvenes, a la par de también dejar a un lado su obligación de brindar educación gratuita, conformándose en este caso con dar a empresas mercantiles que, a cambio de jugosas colegiaturas, proporcionen cobertura educativa.

Desde nuestra parte latina, del país que fue modelo educativo para el gobierno estatal de Francisco Barrio, Chile, duele observar hoy la represión de la policía a los estudiantes que demandan educación gratuita desde hace meses; causa desasosiego lo que sucede en varias ciudades de Estados Unidos, porque allá casi todos tenemos parientes, y nos asombra que allá los jóvenes salgan de sus escuelas durante sus horas clases para ir a protestar en contra de los recortes sociales del presupuesto (que afectan la educación) para mantener los beneficios de las grandes corporaciones financieras.

La cercanía del invierno se pronostica con estos vientos fríos que parecen la anticipación un invierno con bajas temperaturas, aunque a cómo está de equivocada esta predicción, también lo pueden estar otros adelantos de otro tipo de vísperas.

Cuando los chihuahuenses pensamos en los grandes males que padecemos en nuestra vida política, en todos los órdenes de gobierno, sin duda, cavilamos y podemos coincidir en aquellos elementos inherentes de un estado fallido y que, a mi juicio, son la corrupción y la impunidad, los cuales desde hace tiempo nos agobian; ésta definida como la inexistencia de castigo para los delincuentes, sobre todo para los de “cuello blanco” y aquella, la corrupción, señalada como el uso de los recursos públicos para beneficio propio o el abuso de una función pública para beneficio personal. Las dos, hoy por hoy, son grandes males que deshacen a cualquier Estado. El otro elemento para que se “desaten” la corrupción y la impunidad son los bajos niveles de participación ciudadana. A mi entender, a la falta natural de la acción común de los vecinos, no queda más que la participación del esa entidad llamada Estado para atenuar sus efectos y de esta manera recuperar, -en algún nivel-, la credibilidad perdida.

Las preguntas para cuándo se encuentran casos de corrupción serán ¿Quién es quién lo encuentra? ¿Qué y cómo hacer cuando se advierte la corrupción en una dependencia pública? No es lo mismo que un ciudadano encuentre un caso de corrupción a que sea un funcionario público el que lo halle y/o lo calle. Si es un ciudadano ¿Qué garantías tiene para hacer una denuncia? ¿Ante quién? ¿Qué han de hacer las autoridades de una dependencia ante una denuncia de corrupción? ¿Qué garantías tiene el denunciante y el señalado? ¿Cómo ha de proceder el Estado para castigar los actos de corrupción? La cuestión sería como sistematizar la respuesta penal para cada situación de corrupción, porque dicho código marca algunos actos de corrupción.

Así, en este contexto, me he sorprendido de que el pasado miércoles 5 de octubre en mi centro laboral se haya tocado el punto de “Admisión de la LE” en el cual se nos informó que el secretario de un subsecretario de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua estaba pidiendo documentación a la coordinadora de la Subsede Nuevo Casas Grandes de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua por el motivo de una queja o denuncia de corrupción en la Admisión de alumnos para la Licenciatura en Educación Plan 94, o sea, para los profesores cuyo perfil sea estar en servicio y con estudios de bachillerato o normal básica (secundaria y tres años de normal), no con normal de licenciatura (que requiere preparatoria y cuatro años de licenciatura). La coordinadora de la subsede reiteró que ella basa la admisión de alumnos a la LE en que aparte de haber aprobado el examen de ingreso, no se encuentren en una lista que de Chihuahua han enviado, cada año, las mismas autoridades con los alumnos que si tienen licenciatura. Lo lamentable es que en dicha lista, a mi parecer, contiene a profesores federalizados que tienen licenciatura y no profesores del subsistema estatal que cuentan con estudios de licenciatura. De esto escribí en mi anterior entrega.

Que hay profesores que protestan para ser admitidos que los apoyemos se propuso, mi opinión fue que apoyemos a los que cumplen con el perfil de ingreso.

En la reunión dejé el llamado a recuperar nuestra memoria de cómo en la subsede fuimos dejando a un lado la gratuidad para que, poco a poco, la educación dejara de ser gratuita. Qué fue para sustituir la falta de financiamiento del gobierno se mencionó y yo me pregunto si la pérdida de gratuidad, a la cual contribuimos como docentes, fue sólo para sustituir el financiamiento que correspondía al Estado o nos servimos del financiamiento para descargarnos de horas frente a grupo, contratando con esos recursos a quién nos sustituiría en las horas, frente a grupo, que fuimos dejando. Por mi qué se revise todo.